Fiscal Santiago no se siente contenta con desacato pero señala que matar a una mujer es un hecho grave

Santo Domingo La procuradora fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, expresó hoy que no se siente contenta de desacatar la orden de un juez que dispuso la libertad provisional para un hombre que dos días antes asesinó a su ex mujer en presencia de sus tres hijos, pero como representante de los intereses de la sociedad tomó esa decisión porque no se hace justicia considerando que un crimen planificado no es un hecho grave. La magistrada se refiere la muerte de la señora Gleiry María Muñoz Báez, asesinada a puñaladas en una cabaña de la autopista Duarte, en presencia de sus tres hijos menores de edad, por su ex pareja Pedro Luis Báez Sánchez. Aunque la Fiscalía de Santiago pidió prisión preventiva por el crimen planificado y ejecutado por Báez Sánchez, el juez de Atención Permanente, Gabriel Marchena, consideró que el caso no era tan grave como para dejarlo en prisión y le otorgó la libertad mediante fianza. “Nos quedamos petrificados cuando el juez (Marchena), a pocas horas del asesinato planificado, dispone la libertad de ese señor”, expresó la magistrada Reynoso durante una entrevista en el matutino “El Bulevar con Pablo McKinney”, por CDN canal 37. La fiscal señaló que lo más penoso y cuestionable de la decisión del juez Marchena es decir que basa el otorgamiento de libertad bajo fianza porque la prisión preventiva es para casos graves, dando a entender que el asesinato planificado de una mujer, en presencia de sus hijos, no era un hecho grave. “No me siento contenta de desacatar la orden de un juez. Asumo que no es correcto y asumo que no debe ser, porque un estado de derecho no se construye así”, dijo Reynoso, para quien “tampoco se construye un Estado de derecho dando libertad a este tipo de crimen”. La magistrada informó que el año pasado se registraron 14,000 casos de violencia de género en Santiago, por lo que al juez considerar que matar a una mujer no es un caso grave, se envía un “pésimo mensaje” a la población. “El mensaje a miles de agresores fue que pueden seguir matando porque eso no es grave”, apuntó Reynoso, quien dijo que ante esa realidad ella desacató la decisión del juez aunque no le agrada. Lamentó que haya jueces y abogados para quienes el derecho se reduzca a un trámite, dejando a un lado a la justicia, que es otra cosa. La fiscal Reynoso ha recibido el apoyo de la sociedad civil de Santiago y el pasado lunes el Movimiento Vida sin Violencia (MOVIDA) exigió la suspensión y cancelación del juez Marchena por ordenar la libertad del asesino de su ex pareja. El Consejo del Poder Judicial es el organismo competente para conocer las solicitudes de investigación de un juez. Presiones de nadie La magistrada Reynoso reveló que a pesar de que ha gozado de un buen acogimiento como fiscal por la sociedad de Santiago, no falta quien no se sienta bien con sus decisiones, por lo que advirtió que ella está en esa posición para servirle al pueblo, no participando en un concurso de belleza o de popularidad. Citó el caso de un legislador, que no era de Santiago, que aparentemente tenía intenciones de sobornarla para que el ministerio público lo favoreciera en un litigio de su interés, por lo que estuvo a punto de arrestarlo. “Si él se hubiese atrevido (a ofrecerle un soborno), aun con su investidura de legislador, lo hubiese arrestado, porque estaba en fragrante delito y la inmunidad no llega hasta ahí”, expresó la procuradora fiscal. Aseguró que ella no ha recibido presiones de ningún sector, incluido el político. Caso Aduanas Con relación al llamado “caso Aduanas” de Santiago, en el que se investiga a cuatro empleados de esa dependencia, hijos de altos dirigentes del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la fiscal prometió que habrá una acusación contra ellos y espera que haya una condena. Dijo que desde que se destapó el caso en julio del año pasado, la Fiscalía pidió que fuera declarado complejo porque había acciones del crimen organizado, lo cual se logró, pero luego obtuvieron su libertad provisional durante la revisión de la medida de coerción en la Corte, decisión con la que no estuvimos de acuerdo. “No es responsable de nuestra parte ir a pedir prisión preventiva para alguien que se roba un teléfono e ir a pedir una garantía económica para alguien que ha robado, que ha estafado al Estado”, apuntó la fiscal. Reynoso explicó que en abril el expediente volvió a la Fiscalía de Santiago y pidieron una prórroga para esperar los resultados de una colaboración solicitada al gobierno de Estados Unidos, por tratarse de un caso de criminalidad compleja, y ya llegó. “En ese caso va a haber una acusación porque nosotros entendemos que todos los méritos que requiere el Código para que haya una acusación se dan en ese proceso”, agregó la magistrada. “Nosotros entendemos que ahí hay pruebas, méritos, para que ahí exista una condena”, señaló Reynoso, quien agregó que “obviamente esa es la postura de la Fiscalía que es una parte del proceso; eso lo van a ver un juez en la audiencia preliminar y tres jueces en juicio”.